martes, 17 de enero de 2012

Un artículo de Antonio Serrano Rodríguez

LA UTILIDAD DE LAS BUENAS PRÁCTICAS. ¿UNA ESPERANZA PARA EL PRIMER SEMESTRE EUROPEO?

LA UTILIDAD DE LAS BUENAS PRÁCTICAS. ¿UNA ESPERANZA PARA EL PRIMER SEMESTRE EUROPEO?
El año 2012 se inicia con muy malos presagios en casi todos los campos y, como no, también en el de Políticas de la Tierra. Con la previsión de la continuación de las tensiones económicas sobre la Unión Europea, España presenta unas previsiones prácticamente unánimes de disminución de su PIB, con una entrada en recesión técnica, incremento del desempleo (ya por encima de los cinco millones a inicios del año 2012), disminución de la renta familiar disponible y debilitamiento del acceso a los servicios públicos soportes de la sociedad del bienestar.
En el aspecto positivo no hay demasiadas buenas noticias. La primera, tal vez, haya que situarla en la Presidencia del Consejo Europeo, en el primer semestre del 2012, de Dinamarca, con unas intenciones manifestadas de avanzar en la competitividad de Europa y en su crecimiento económico sin incrementar el consumo de recursos y de energía. El hecho de que en junio de este año se celebre la Cumbre Rio+20 y que dicho Gobierno haya manifestado su intención de trabajar por un cambio en el modelo económico hacia la economía verde global, pueden ser una vía de esperanza que esperemos no quede sólo en palabras. El ejemplo de la propia sociedad danesa, con políticas y planes como el Plan de Adaptación Climática de Copenhagen, que pretende convertir a esta ciudad en una ciudad de balance de carbono nulo para 2025, o el Informe Nuestra Energía Futura, que pretende que en 2020 la mitad de la energía eléctrica consumida en ese país provenga de la energía eólica y que, en 2050 se hayan abandonado la utilización de combustibles fósiles; así como los indicadores de bienestar y modelo de desarrollo de la misma, que son ejemplares a nivel mundial, son un buen antecedente que avala esta esperanza. Como también lo son las intenciones que han manifestado de potenciar durante su Presidencia la sostenibilidad de la Unión Europea, incentivando la aprobación y aplicación de la Directiva de Eficiencia Energética y promoviendo el avance hacia el mercado integrado energético europeo con un incremento significativo del peso de las energías renovables.

La segunda buena noticia tal vez sea la esperanza manifestada por algunos Institutos de prospectiva de que el precio del petróleo se desplome como consecuencia de la reducción de la demanda, situándose a niveles de entre 70 y 80 $/barril Brent, con una caída cercana al 40% sobre sus precios actuales, y que ello sirva de acicate a la mejora del consumo y de la economía americana, y sea una tabla de salvación para los desastrosos saldos comerciales de Grecia, Portugal, España e Italia, entre otros países europeos. Sin embargo, las tensiones guerreras en Irán, Siria y países aledaños, y la creciente inestabilidad de otros productores tradicionales, junto con la continuación del incremento de la demanda en los países en desarrollo y la reducción creciente del petróleo barato y su sustitución por petróleo a mayor profundidad y de peor calidad, no auguran mucho éxito a este vaticinio. Aunque es cierto que en EEUU el petróleo WTI ha registrado importantes reducciones en su precio y ello ha influido muy positivamente en lo que parece ser la mejora actual de la situación económica de EEUU. En todo caso, serán las decisiones que adopte la OPEC al respecto (y en particular Arabia Saudí, con capacidad para influir en los precios con sus variaciones en la producción) y el posicionamiento de los mercados financiero-especulativos sobre los mercados de futuro del petróleo los que marquen, en última instancia, la evolución e intensidad de estos cambios en los precios. Nuevamente agentes externos y la globalización de los mercados especulativos condicionarán radicalmente la evolución económica de España, que no ha sabido avanzar de forma significativa en la disminución de la dependencia energética, racionalizando consumos (ordenación del territorio, urbanismo, transporte, edificación, intensidad energética de los sectores productivos) potenciando las energías renovables (incomprensiblemente la producción de electricidad de renovables ha disminuido del orden del 10%, en 2011, mientras que el carbón ha subido su participación en un 95%), la economía verde y el desarrollo endógeno.

En otros aspectos fundamentales para las Políticas de la Tierra, en 2012 la Unión Europea tiene ante si decisiones transcendentales para España, como la negociación de la Política Agraria Común (PAC) y de la Política Pesquera Común (PPC). En ambas existen dos posturas contrapuestas que un Gobierno inteligente debería ser capaz de congeniar. Por un lado, la postura productivista y economicista que defiende la llegada de máximos recursos europeos con el mantenimiento y expansión de actividades de máximo beneficio privado (transgénicos, explotación descontrolada de caladeros, subvenciones a la producción total y no a las personas, etc.) y, por otro lado, la postura más ecologista que defiende la agricultura verde (biológica, energéticamente eficiente, con minimización del uso de agua, fertilizantes y pesticidas, del productor frente a la producción, etc.) y la pesca artesanal con una mayor protección de caladeros y el desarrollo de las zonas europeas de protección (ZEPAS) marinas.

Tanto en el Parlamento como en la Comisión y en la Presidencia del Consejo que corresponde a Dinamarca en este primer semestre de 2012 la postura dominante está más cercana a las posturas ecologistas que a las productivistas, pero la actual crisis económica y los intereses de Francia, en agricultura, unidos a los de países como Polonia o la propia España, hacen difícil pensar que se avance mucho hacia la necesaria racionalidad a largo plazo (mucho más cercana a las posturas ecologistas que a las productivistas) en este sector agrícola. No sucede lo mismo en el caso de la pesca, donde al ser sólo España el país significativamente perjudicado por una PPC más restrictiva y ambientalista, las posibilidades de mejoras en la sostenibilidad del sector son mayores, obligando a continuar la ya fuerte restructuración producida en el mismo en este país.

En todo caso, el necesario equilibrio en el balance productivista-ambientalista en España es de esperar que siga decantándose a favor del productivismo y de sus riesgos para España a largo plazo, tras una segunda legislatura de Gobierno del PSOE que significó ya una ruptura en esta dirección del equilibrio logrado en la primera. El propio cambio de denominación del Ministerio, donde el Medio Ambiente pasa a un segundo lugar, el nombramiento como Ministro del que en su momento lo fue de Agricultura (como ya sucedió en la segunda legislatura del PSOE) y el propio origen y trayectoria política del mismo, junto a la ausencia de contenidos ambientalistas del propio Programa con el que el partido popular ganó las elecciones, avalan esta pesimista previsión.

Previsión pesimista que también sobrevuela sobre otras competencias propias del Ministerio como son las del agua, las costas, la biodiversidad y el paisaje, elementos fundamentales del patrimonio territorial español, sobre los que el riesgo de cambios en las políticas (ya muy devaluadas en la segunda legislatura de Gobierno del PSOE) o en las propias normativas con retroceso para la sostenibilidad ambiental del desarrollo son muy elevados.

También muy pesimistas hay que ser en las tendencias que se están produciendo en urbanismo, ordenación del territorio y políticas de suelo y vivienda, donde no sólo aparece la amenaza de actuaciones que vuelvan a incentivar la creación de burbujas inmobiliarias en un futuro (ya hemos señalado en artículos anteriores que la coyuntura del sector –exceso de suelo urbanizable hipotecado a precios muy por encima de su valor, fuertísimo endeudamiento privado y morosidad ligados al sector, más de dos millones de viviendas de oferta potencial- son una garantía de que la burbuja no se reproduzca a medio plazo, en el que es de esperar una continuación de la caída de los precios a corto y un mantenimiento de los mismos a medio). De hecho, la aprobada recuperación de la desgravación fiscal en el IRPF para la adquisición de vivienda (Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. BOE de 31 de diciembre de 2011) es un primer paso en esta línea pesimista (donde todavía es más incomprensible el carácter retroactivo de la misma al año 2011, haciendo desaparecer la lógica que podría darla algún sentido ligado a pretender incentivar la venta del fuerte stock existente) que se completaría con el prometido cambio de la legislación urbanística realizado por el Partido Popular.

Y un ejemplo de por donde pueden ir estos cambios aparece también en el citado Real Decreto-ley 20/2011 del BOE de 31 de diciembre de 2011, donde se retrasa hasta junio de 2013 la aplicación de la valoración administrativa de los terrenos que formen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo, en los términos establecidos en el texto refundido vigente de la ley del suelo estatal (que permite la aplicación de justiprecios expropiatorios sin incorporar expectativas especulativas para la realización de políticas y obras públicas) manteniendo las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por la Ley 10/2003, de 20 de mayo (lo que permite que bancos y empresas no se vean obligados a modificar la valoración a precios residuales efectuada sobre estos terrenos en sus balances, como ya había hecho el anterior Gobierno con la prórroga efectuada del mismo hasta el 31 de diciembre de 2011).

Como conclusión, la presión de los mercados financiero-especulativos, la incidencia del problema del paro en España, la inevitable recesión económica de este año con las políticas de ajuste fiscal como único tipo de política estatal, y los graves problemas de las administraciones territoriales para cubrir sus gastos corrientes sin los ingresos que la burbuja inmobiliaria les había venido proporcionando a lo largo del período 1997-2007, están llevando en una dirección muy preocupante para la sociedad española, olvidando que es en la aplicación de soluciones centradas en la sostenibilidad económica y ambiental a largo plazo, promoviendo cambios estructurales que incentiven las economías verde y del conocimiento, la movilidad social (potenciación del alquiler) la regeneración urbana con la mejora de la eficiencia energética y ambiental de edificios y ciudades, el transporte sostenible y el desarrollo endógeno, siguiendo las buenas prácticas presentes en los países del norte de Europa, el camino que podría significar una alternativa eficaz para el avance en la consecución de los objetivos establecidos en la Constitución Española. Por el contrario, restringir la inversión pública en áreas como en la I+D+i y la educación, que son elementos básicos para una sociedad sostenible y viable; seguir reduciendo las inversiones en capital territorial productivo sin discriminar entre inversiones que son incomprensibles (aeropuertos sin aviones, puertos sin barcos, autovías sin coches, AVEs sin viajeros, embalses para regadíos sin regantes o urbanizaciones sin viviendas, pero que se continúan por inercia presupuestaria) pero olvidando que sí existen inversiones en capital productivo e infraestructuras cuya tasa de retorno (rentabilidad) supera con mucho al coste de la deuda pública y donde, por lo tanto, está económica y socialmente justificado la realización de la inversión, son líneas difícilmente comprensibles como racionales. ¿O es que cualquier ciudadano o empresa no invertiría en un activo que le va a reportar mayores ingresos de lo que le cuesta la inversión?

Fuente: Fundación Sistema

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