lunes, 27 de febrero de 2012

El bienestar animal tiene un alto precio

La UE da un ultimátum a España por retrasar la adecuación y ampliación de los espacios para gallinas ponedoras y cerdas gestantes

Vida | 26/02/2012 - 00:36h

El bienestar animal tiene un precio, y su factura será muy cara. Las normas europeas en la materia entraron en vigor hace una década, pero el desinterés, la compleja adaptación técnica o la falta de recursos de los granjeros han dejado la adecuación para el último momento. El problema es que la exigencia para cumplir las normas llega en plena crisis.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) alerta de que en España pueden cerrar un 40% de las granjas de gallinas ponedoras de huevos y que en las explotaciones de cerdos se precisa invertir 700 millones para afrontar los cambios necesarios. La Generalitat, pese a sus números rojos, destinó el año pasado 15 millones de euros a subvencionar créditos a coste cero a los ganaderos y ha tenido que reservar otros 12 millones para este fin este año.

Las alarmas se encendieron cuando, el 26 de enero, la UE envió un requerimiento a España (y a otros 12 países) por la deficiente aplicación de la legislación en materia de bienestar animal. Antes del 1 de enero de este año se tenían que haber retirado las viejas e inadecuadas jaulas para las gallinas ponedoras. Pero, pese a los reiterados llamamientos de la UE, sus peticiones no han surtido efecto. El expediente puede dar lugar a un procedimiento de infracción y sanción, con lo que la factura del bienestar animal puede encarecerse más. "Los ganaderos se han dormido, van al ralentí en el cumplimiento de las exigencias europeas de bienestar animal; y de ahí el ultimátum de la UE", dice Carmen Méndez, vicepresidenta de la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Animales (ADDA).

La normativa sobre gallinas ponedoras de huevos para consumo directo (en vigor desde el 2002) obliga a instalar jaulas más amplias (750 cm2 por animal, un 35% más grandes que ahora) y a dotarlas de nido, yacija para escarbar y un sistema de recorte de uñas; y, además, los animales pueden ponerse en el suelo (cubiertos). Por su parte, las cerdas, a partir de los 28 días de gestación, deben estar en grupo, y no en estancias individualizadas como ahora (aunque en este caso la adaptación debe hacerse antes del 31 de diciembre del 2012). Todos estos cambios suponen fuertes inversiones, nuevos modos de manejo y la aplicación de planes de mejora. Sin embargo, el proceso de adaptación en las granjas acumula muchos retrasos.

En Catalunya, están afectadas 118 explotaciones de gallinas ponedoras (con 4,5 millones de animales), y se calcula que sólo un tercio de ellas (y de los animales) cumple con las exigencias; otro tercio está en proceso de adecuación, y el resto tiene la tarea pendiente, según estimaciones de José Segura, responsable del sector avícola de Unió de Pagesos.

La inversión necesaria (en Catalunya) en las granjas de gallinas ponedoras estaría entre 45 y 70 millones de euros, mientras que las 1.650 granjas y las 450.000 cerdas gestantes precisan unos 90 millones. Ahora, sólo el 25% de estas últimas granjas están adaptadas (aunque tienen tiempo hasta final de año).

"Lamentablemente, creemos que habrá granjas que no puedan adaptarse y tendrán que cerrar", explica Joaquim Xifra, jefe del Servei d'Ordenació Ramadera de la Generalitat, quien, pese a todo, se resiste a que haya cierres irremisibles, pues, como alternativa, los granjeros más rezagados tienen la opción de "sacar gallinas" y luego pedir préstamos bonificados y poner en marcha planes de mejora con fondos europeos.

"No tiene por qué haber cierres. El problema puede resolverse si una granja con 1.000 gallinas se queda en 700; aunque, eso sí, supone una pérdida de capacidad productiva", coincide con él Anna Toda, directora de la Federació Avícola Catalana.

"Hay voluntad del sector para adaptarse, el problema es la falta de capacidad económica para hacerlo", dice Rossend Saltiveri, responsable del sector porcino de UP. "Lo fundamental es que las líneas de ayuda salgan adelante realmente y se den facilidades para hacer la adaptación", agrega.

Los granjeros se quejan de que la orden de ayudas del Govern del 2012 (préstamos bonificados a coste cero) aún no ha sido publicada. Igualmente, se exculpan diciendo que el año pasado, en muchas ocasiones, no pudieron formalizar el crédito porque no tuvieron tiempo para disponer del aval preceptivo. Además, critican los obstáculos urbanísticos con que suelen tropezar en los ayuntamientos para ganar espacio en las granjas.

Pero para reducir los trámites, el Govern ha modificado la ley de Urbanisme, pues en este caso la adecuación de las actividades no comportan un aumento de la capacidad productiva. Otro motivo de achaque es que "los fabricantes están desbordados y no tienen capacidad de suministro de materiales", dice Saltiveri. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha urgido a las comunidades a que actúen, para evitar que lleguen sanciones de la UE, y ha recordado que deben hacer las inspecciones para que se cumpla la norma.

Incluso, para urgir los cambios, Agricultura permite prorrogar la adaptación a las granjas de gallinas hasta el 31 de julio siempre y cuando los huevos no vayan al consumo directo, sino a los restaurantes o la industria. La medida puede llevar a la confusión, y por eso Anna Toda, de la Federació Avícola, insiste en que la calidad de los huevos está siempre garantizada. Es decir que, aunque procediera de una granja no adaptada, "el huevo sería igualmente bueno, sano y nutritivo". "El granjero es el primer interesado en tener en condiciones a sus animales", sostiene. Otras fuentes señalan que muchos granjeros vieron siempre la norma como una imposición.

"Los retrasos en la adaptación no tienen justificación, porque los ganaderos tienen ayudas de la UE. La industria ha condenado a los animales a ser máquinas de producir, simples objetos de rentabilidad, y ha olvidado sus necesidades, en la cría, en el transporte o en el sacrificio", cree Méndez. Al 64% de los consumidores les preocupa el bienestar animal pero sólo en un 2% elige la compra según ese criterio, "debido a la falta de información", dice

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