martes, 27 de marzo de 2012


SEQUÍAS Y GUERRAS DEL AGUA



El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Día que, para este año 2012, Naciones Unidas ha centrado en el objetivo de considerar la relación entre Agua y Seguridad Alimentaria, en una dinámica global en la que el recurso hídrico adquiere importancia y conflictividad creciente. A escala planetaria, las demandas de agua se han más que triplicado desde 1950, creciendo más que proporcionalmente al fuerte incremento de la población registrada. En pleno siglo XXI muchos millones de personas no tienen acceso a un agua potable de calidad y, en muchos países, el agua sigue siendo un instrumento militar y de sometimiento. Las enfermedades que se propagan por el agua causan cada año la muerte a más de 1,8 millones de personas, la mayoría niños, y un quinto de la población mundial no tiene acceso a agua potable segura, a la vez que el deterioro en el ciclo del agua es una de las causas de la gran sexta extinción de especies en que nos encontramos (mayor información sobre la situación del agua en el planeta puede obtenerse en water-decade@un.org ??www.un.org/waterforlifedecade.


En este marco, en España, en coordinación con los objetivos recogidos en las Directivas de la Unión Europea, tras la modificación de la Ley de Aguas de 2005 y sus posteriores desarrollos, las prioridades a considerar como de interés general del estado son dos: la ambiental (asegurar el caudal ecológico y la calidad de las aguas) y el garantizar el abastecimiento a la población. Y, con carácter complementario, el asegurar la disponibilidad del recurso hídrico como un factor productivo relevante para muchas actividades económicas.
El abastecimiento puede considerarse prácticamente garantizado tras la terminación de las desalinizadoras contempladas en el Programa A.G.U.A., puesto en marcha en el año 2004, y el desarrollo de los Planes Especiales de Sequía, aprobados en 2007, que en unión de la incomprensiblemente retrasada aprobación de la Planificación de las Demarcaciones Hidrológicas, deben y pueden garantizar abastecimiento, caudal ecológico y calidad de las aguas. Lamentablemente, el retraso registrado en muchas desalinizadoras por la disminución de las inversiones y por la oposición política de algunas Comunidades Autónomas (en particular la Comunidad Valenciana) y la falta de avance en la solución económica a la problemática del agua como recurso productivo, con la internalización de todos los costes asociados a la misma, hacen que esta garantía no pueda considerarse lograda al 100% en la actualidad, cuando su objetivo era lograrla para el 2010. No obstante, ya estaría garantizado el abastecimiento en las zonas estructuralmente más conflictivas en la nueva sequía periódica que parece haberse iniciado en 2011, o que inevitablemente se iniciará a corto plazo.
Pero España tiene muy fuertes problemas de escasez de agua en algunos de sus territorios para atender a la demanda total existente en estas periódicas épocas de sequía, ante una demanda para actividades productivas (agricultura, energía, industria y sector turístico) fuertemente subvencionada, y una inadecuadamente resuelta contaminación del agua de sus cursos fluviales, pese a lo establecido en el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración puesto en marcha en 2007. Y todo ello, en un marco en el que existe una utilización histórica de los recursos hídricos permisiva y un proceso de asignación de las aguas reguladas por parte de los órganos de gestión, que ha llevado a que en algunas cuencas sea imposible la asignación de nuevos recursos hídricos, ya que se han superado con creces, las disponibilidades del “año hidráulico medio” en las mismas. El resultado es que, sobre todo en años de disponibilidades inferiores al señalado “año medio”, se producen situaciones de sobre-explotación de acuíferos, y se multiplican los conflictos y las actuaciones irregulares o ilegales de captación de agua.
Pero no hay que dejarse engañar. Estos conflictos surgen por la lucha para lograr la disponibilidad de un recurso que la ley ha hecho público y que la Administración provee a tarifas muy inferiores a su coste real de producción; es decir, estos conflictos aparecen por la competencia para obtener subvenciones públicas, sin las que algunas actividades productivas -agrícolas, energéticas, del sector servicios o industriales- no tendrían viabilidad económica o tendrían unos costes de producción muy superiores y unos consecuentes beneficios privados inferiores. 
Porque el agua es también un importante “input” económico y, como tal, debería tener un tratamiento que considerara su coste total (directo y externo) de producción. Decidir cómo se paga este coste, a quién se subvenciona, en cuánto y porqué, es una problemática similar a la de otros muchos “inputs” –como el gasóleo o la energía industrial, por ejemplo- pero, en todo caso, todas las subvenciones deberían ser públicas y transparentes y sus objetivos y consecuencias debidamente justificadas desde la perspectiva de su aportación al interés general. 
Y ello en mayor medida ante el hecho de que las situaciones de conflicto previsiblemente van a agravarse en los próximos años, incidiendo sobre territorios que realmente son muy sensibles a las disponibilidades hídricas y en los que el equilibrio tendencial es difícilmente viable, destacando al respecto el delta del Ebro, en Cataluña, los regadíos del Júcar, en Albacete, y del Vinalopó, en Alicante, la cuenca del Segura, en Murcia y Alicante, Doñana y el Guadalquivir, en Andalucía, el Alto Guadiana, en Ciudad Real, y la cuenca alta del Tajo, en Guadalajara y, por su afección indirecta a través de los efectos del trasvase Tajo-Segura, en Madrid.
Ante esta situación, algunas Comunidades Autónomas han convertido el problema del agua en elemento de lucha política, incluso dificultando actuaciones estructurales dirigidas a la solución de la problemática a largo plazo, aduciendo su coste para el usuario. Pero a su vez, en algunas de estas Comunidades Autónomas se está muy lejos de la práctica imprescindible de integrar agricultura, energía, medio ambiente y ordenación del territorio en planes territoriales, que son de su competencia, donde el agua (escaso y clave para adecuar desarrollo rural y sostenibilidad ambiental) tenga el papel que le corresponde, y su tratamiento no se encuentre subordinado a intereses sectoriales y profesionales. Porque, satisfecho el caudal ecológico y garantizado el abastecimiento a la población, la "disponibilidad de agua" no puede considerarse como un problema de "solidaridad territorial", como se pretende por las comunidades deficitarias, sino como vía de acceso a subvenciones sobre un recurso económico público que tiene un alto "coste de oportunidad" en términos de eficiencia económica. 
La aplicación de los principios básicos europeos de que el contamina paga, que es mejor prevenir que curar y que hay que internalizar los costes externos para que el mercado asigne eficientemente los recursos, llevan a medidas de gestión de una gran eficacia y bajo coste, que exigen también una gran corresponsabilización y participación social. Pero, desgraciadamente, en el tema del agua los verdaderos problemas no son adecuadamente conocidos, existe una tremenda inercia e intereses particulares que sesgan su enfoque y soluciones, y la población tiene una información que no permite una participación y defensa de sus intereses de forma adecuada. 
La idea dominante es que la gran obra pública es siempre la solución, porque ésta es la idea que año tras año trasmiten los interesados y beneficiados por las mismas. Un conocimiento adecuado de los costes que implica cada “gran obra”, de los beneficios que genera y de quién recibe estos beneficios, así como de cuánto le cuesta al ciudadano (por lo que se paga y por lo que se deja de hacer con los recursos que se invierten en las mismas) seguramente cambiaría la opinión pública y disminuiría el peso de las presiones de los “lobbies” históricamente beneficiados por este tipo de actuaciones, cuando los políticos constataran que el apoyo de los votantes contrarrestaba y compensaba la posición de dichos “lobbies”.
Hoy en día la mayoría de los problemas del agua se pueden solucionar técnicamente a medio y largo plazo. El creciente conocimiento de nuestros ecosistemas y el establecimiento de planes de protección y gestión de los mismos y de las riberas de ríos y plataformas costeras, así como la ingeniería hidráulica y la desalación, han demostrado que es posible mantener nuestros ecosistemas y disponer de agua potable de calidad en cualquier parte del planeta; y que el saneamiento y depuración de las aguas residuales, así como su reutilización en condiciones adecuadas, son factibles. Los verdaderos problemas están en la elaboración, aprobación y cumplimiento de una adecuada planificación y gestióndel territorio, en la que el patrimonio natural y el recurso hídrico se adecúen a los objetivos de interés general; en una definición de prioridades en la gestión y en las inversiones a realizar concordantes con dichos objetivos de interés general; y en una adecuada asignación de los costes totales a los “inputs” productivos, con subvenciones justificadas en razón de los intereses generales, y transparentes. 
Porque hay que ser conscientes de que es imposible mantener la ampliación de los regadíos en Aragón a la vez que el caudal ecológico solicitado para el Delta del Ebro, los trasvases al sur de Tarragona y norte de Castellón o, mucho menos, el previsto Trasvase del Ebro en el PHN del año 2000, con garantías y con eficiencia y rentabilidad económica para las inversiones previstas; o constatar que los recursos que se pueden considerar excedentes trasvasables para el Tajo-Segura están decreciendo en media inter-sequías de forma acelerada, y que son poco más de 200 Hm3 las cantidades que se pueden trasvasar anualmente, cifra muy alejada de los 600 previstos. 
Y hay que tener en cuenta las previsiones ligadas al cambio climático, que tienden a incrementar los problemas hídricos actuales, dado que se prevé un aumento del nivel del mar que salinizará los acuíferos costeros, se prevén cambios en las precipitaciones que provocarán una reducción de los recursos (de entre el 15 y el 30% como media para España) y una fuerte variación territorial y temporal en la disponibilidad del agua, un incremento en la duración e intensidad de las sequías e inundaciones, un aumento de la evapotranspiración que disminuirá los recursos hídricos y profundizará el nivel freático y, en última instancia, un aumento en los costes de acceso a un agua de calidad. 
¿Es el planteamiento señalado, centrado en la planificación y gestión integrada, el recogido en los Planes Hidrológicos de Demarcación y por el titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente? Desgraciadamente nos tememos que no en el caso de las cuencas conflictivas; y el ministro ya ha vuelto a dejar abierta la posibilidad de los trasvases en un nuevo Plan Hidrológico Nacional y un nuevo Pacto Nacional del Agua, aunque ha establecido como hitos previos a los mismos los de aprobación de los Planes de Cuenca, previstos para septiembre de 2013, con cuatro años de retraso sobre la fecha tope de la UE.
Lamentablemente parece que no se es capaz de aprender de la historia ni de internalizar las experiencias y directivas europeas, y que todo nos conduce a la gran inversión pública (sufragada por todos los ciudadanos para beneficio estrictamente privado) como “solución” al problema, cosa que la realidad se encargará de desmentir a más corto o largo plazo. Aunque quizás la fuerte restricción de recursos para inversión que nos amenaza, por una política incomprensible de ajuste fiscal hacia el déficit cero, hará que hasta más allá del 2020 no existan recursos significativos para la inversión en gran obra pública, y el problema haya de resolverse por la lógica vía de la gestión, si es que para entonces, con las reformas puestas en marcha por el Gobierno actual, existen funcionarios públicos con capacidad para su desarrollo.

Antonio Serrano Rodríguez

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