LA INSOSTENIBILIDAD DE LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO ACTUAL

El Presidente del Gobierno y el Ministro de Agricultura (¿y del medio ambiente?) han anunciado su presencia en la Cumbre de la Tierra ‘Rio+20’, que se celebra en junio de este año, destacando que una de las propuestas que puede salir en la misma es la creación de unos "objetivos del milenio del desarrollo sostenible". Como todo el mundo sabe a estas alturas de la película, un desarrollo sostenible ha de producirse simultáneamente en los ámbitos interrelacionados económico, social y ambiental, y tener en cuenta sus dimensiones territoriales y globales. Pero en ninguna de estas dimensiones ni las políticas desarrolladas, ni los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno ayudan a avanzar hacia este desarrollo sostenible, sino todo lo contrario. Y es urgente darse cuenta de este hecho y proponer alternativas viables antes de que la insostenibilidad termine en tragedia. A ello intentamos colaborar con este artículo, constatando, en primer lugar, que pese a que España ostenta, en la actualidad, la presidencia del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), organismo que es posible que salga reforzado con su conversión en una agencia de la ONU, lo que le permitiría contar con su propio presupuesto y campo de actuación para promover los que intentan ser ámbitos de incentivación específica de ‘Rio+20’, como son la economía verde, la energía limpia y la coordinación entre las agendas de medio ambiente y desarrollo (aspecto este último a cuya necesidad ha llegado finalmente la ONU, para hacer consistentes las propuestas que se realizan al respecto desde distintos ámbitos de la propia Organización).

Pero todas estas materias objeto de preocupación en ‘Rio+20’ no sólo están muy alejadas de las actuales políticas del Gobierno español, sino que, en muchos casos, están en contradicción con ellas, como apreciaremos en lo que sigue.

Desde la perspectiva económica global, en las tres primeras semanas de abril de 2012 hay que destacar la continuación en la presión de los mercados financiero-especulativos globales; esos a los que últimamente el propio Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal de EEUU, se ha referido como “sistema financiero en la sombra”, y sobre el que pide una mayor regulación internacional. Petición que reitera lo que ya estableció el G-20 en 2008, pero sobre lo que poco se ha avanzado y parece que, al igual que sucede con los paraísos fiscales –el otro elemento estructural para la especulación financiera- poco se va a avanzar. Y, tras los últimos acuerdos de los directivos-propietarios de los mayores fondos especulativos- parece que la estrategia contra el euro y contra los PIGS (Portugal, Italia, Grecia, España, a los que poco a poco se van uniendo otros países del área euro) está clara, con un objetivo inicial que parece situarse en un euro a 1,22 dólares (ganancia del 7,5% sobre el precio actual) y con un objetivo secundario, a mayor plazo, seguramente tras las elecciones que se van a celebrar en varios países europeos, y en particular en Grecia -cuyos resultados probablemente no les agradarán- que parece asociado a la expulsión de dicho país (¿sólo de Grecia?) del euro, una vez que la deuda pública griega radique en su inmensa mayoría en el Banco Central Europeo (tras desprenderse de ella los bancos alemanes y franceses). Con lo que seremos nuevamente todos los ciudadanos europeos los que tengamos que soportar los desmanes del “sistema financiero en la sombra” y la ineficacia (o la eficacia sólo para los intereses de ese “sistema financiero en la sombra”) de nuestros políticos.

En este marco, ¿cómo ayuda a España la política desarrollada en los primeros cien días de Gobierno del PP y los Presupuestos Generales del Estado presentados? Parece que muy poco, y que además nos sitúa de forma alarmante en la dinámica griega. Así, ni la profundidad del ataque a la sociedad del bienestar de la reforma laboral o de la propuesta de reducción de servicios e inversiones públicas, por la vía de su estrangulamiento presupuestario, ha sido útil para evitar que la prima de riesgo supere los 400 puntos desde el 9 de abril (cien más de los previstos como media en los citados Presupuestos, cuestionando su “viabilidad”) o que las subastas de deuda vuelvan a escalar a tipos peligrosos, situando uno de los indicadores estándar de la evolución de un país (tasa de crecimiento esperado de su PIB menos tipo de pago de la deuda) por debajo del -4%, sólo mejor que Grecia, Portugal e Irlanda, para 2012. Crecimiento negativo y situación relativa en el concierto europeo que hablan de la absoluta exigencia de políticas que ayuden a incrementar el crecimiento económico, a través de una mejora sostenida y sostenible de la productividad, y que, al menos, consigan parar la destrucción de empleo.

¿Es esto lo que se consigue con las políticas actuales del Gobierno? Evidentemente no, como señalan todas las previsiones para los próximos trimestres, que los especuladores financieros están aprovechando para su beneficio a corto, mientras que abandonan la deuda pública española poseída y ésta radica en mayor medida en el endeudado sistema financiero español. 

En el mejor de los casos las restricciones al bienestar social y la desproporcionada inclinación de la distribución del valor añadido hacia los empresarios, con la precarización y abaratamiento de la remuneración de los asalariados, soló podrá revertir en un crecimiento económico cuando los sectores productivos privados hayan reducido sensiblemente su fuertísimo apalancamiento (el mayor del mundo según ‘The Economist’ –agosto de 2011- para las empresas no financieras), los bancos hayan resuelto sus problemas de sobrecapacidad y saneado sus excesos en la burbuja especulativa inmobiliaria (y ahora su sobreexposición a la deuda española y su dependencia del Banco Central Europeo) y los hogares no sigan sufriendo la disminución de su disponibilidad de rentas para el consumo por la reducción de sueldos y salarios, por el mayor desempleo e impuestos, y por sus necesidades de cancelar el alto endeudamiento asociado en gran parte a esa misma burbuja inmobiliaria. Y eso, evidentemente no se va a producir a corto ni a medio plazo, por lo que poco crecimiento podemos esperar del sector privado en España en el horizonte del 2015, salvo que cambien radicalmente las pautas adoptadas en el seno de la UE. 

La política “agresiva” del Gobierno se va a concretar en mayor paro (los seis millones de parados están a la vuelta de la esquina), mayor disminución del PIB (una recesión superior al -2% no es improbable y algunos expertos internacionales la llevan hasta el -2,8% para 2012), a la disminución de la renta familiar disponible, con un fuerte incremento de las desigualdades, de los niveles de pobreza y de la recesión de las rentas medias y medias-altas, y a un debilitamiento del acceso a los servicios públicos soportes de la sociedad del bienestar; y, lo que es peor, no ayudan en absoluto a los cambios estructurales que podrían significar una mejora real de la productividad empresarial (y no la que se produce automáticamente por los despidos al crecer el paro más de lo que decrece el PIB). Y ello, porque parece olvidarse que la productividad media del factor trabajo en España ha estado por debajo de la media de la UE y de la de EEUU, entre otros, por varios factores muy claros. El primero, por la importancia de la construcción y del turismo y la restauración de bajo valor añadido en el conjunto de la economía, frente al escaso peso de la metalurgia y los servicios con base en la alta tecnología y el conocimiento. El segundo, por la propia base estructural de nuestras empresas, más parecida a la de un país en desarrollo que al nivel que nos correspondería en atención a nuestra renta per cápita. 

En efecto, según el INE, a 1 de enero de 2011 el 55% de nuestras empresas no tenía ningún asalariado, y un 26% adicional tenía uno o dos, lo que hace que el 81% de las empresas tengan un tamaño irrelevante, aspecto que se produce fundamentalmente en el sector servicios. Mientras, sólo el 0,02% tiene más de mil asalariados y un 0,3% adicional entre 100 y 1.000 asalariados. El resultado es una estructura empresarial dual donde, si bien la productividad de cada segmento empresarial no difiere muy significativamente de la media europea correspondiente a su estrato, el fuerte peso de los estratos más reducidos en España hace que el resultado sea claramente perjudicial para la productividad media. Tenemos un grupo de grandes empresas exportadoras eficientes (la penetración mundial de nuestras exportaciones se mantiene en niveles aceptables y relativamente constantes desde el año 2000, pese al incremento de peso de los BRIC en el total) pero la falta de un estrato intermedio relevante con capacidad de exportar y productividad media significativa, da un resultado negativo para el total. Y, tercero, y muy directamente ligado a los dos aspectos anteriores, la I+D+i en España deja mucho que desear, tanto a nivel de esfuerzo de las Administraciones como de las empresas. En este marco, una reforma laboral que hace más fácil contratar y despedir afecta directamente a la estabilidad y consolidación técnica del trabajador, dificultando el incremento de la productividad, y favoreciendo el predominio de las pequeñas empresas.

Hasta qué punto la situación peculiar de la crisis para España está asociada a la burbuja especulativa inmobiliaria promovida desde 1998 por las políticas urbanísticas del Gobierno de Aznar, queda claro si se considera que es tras la crisis de la misma burbuja en EEUU (por las hipotecas “subprime” y la inmensa burbuja especulativa generada a su costa por la ingeniería financiera asociada a los derivados) cuando en el cuarto trimestre de 2007 se inicia un cambio de tendencia en la burbuja inmobiliaria española, que había producido trece años de expansión ininterrumpida del empleo (se incrementa un 260% en el período, llegando a los 2,8 millones de empleos) y de la producción del sector de la construcción (llega a representar hasta el 13% del PIB español). Y que son la ligazón del sector financiero a los promotores (sobre todo, pero no sólo, con tasaciones e hipotecas del suelo en promoción a precios absolutamente inflados), la inversión especulativa privada y la irracional política de promoción de la vivienda en propiedad, con la asunción familiar de hipotecas de morosidad futura inevitable (incentivadas por unas condiciones monetarias y de tipo deinterés europeos muy desacordes con las necesidades de un país como España), y la falta de reacción de los Gobiernos del período sobre los riesgos de este proceso, los principales artífices de la dinámica que han llevado a la actual crisis de España. Aspecto claramente demostrado por, entre otros, el hecho de que en la crisis, de los del orden de 2,7 millones de empleos perdidos, más de dos millones son en la construcción y en las industriales y de servicios directamente vinculadas a la misma, cuyas estructuras laborales eran, adicionalmente, de las más flexibles de la UE, lo que ha facilitado el despido junto a la desaparición de empresas nacidas al calor de la especulación inmobiliaria, y sin consistencia ni capacidad de supervivencia fuera de esa dinámica especulativa.

Señalado lo anterior, parece evidente que una política reformista que pretendiera mejorar el modelo sin mayores cambios debería incidir en una readaptación del mismo hacia la potenciación de las empresas medias y grandes con creciente base en la tecnología y el conocimiento, mediante la potenciación de la I+D+i y la estabilidad y salarios –concertados entre empresarios y sindicatos, asegurando la flexi-seguridad propugnada desde la Comisión Europea- que garanticen la permanencia de los trabajadores de experiencia y conocimientos adecuados a la implantación de innovaciones. No creo que sea necesario aclarar que no es precisamente ésta la línea para la sostenibilidad económica seguida por el Gobierno con las políticas aprobadas ni con los Presupuestos presentados. Como tampoco lo es en el establecimiento e imprescindible presión para subordinar los plazos del ajuste fiscal al establecimiento de programas de inversión pública –tanto de la UE como del Estado español- que impulsen la actividad económica con inversiones productivas en sectores ligados a esas tecnologías y conocimiento de futuro (economía verde, energías renovables, ósmosis inversa,…), que puedan ser cubiertos por empresas punteras españolas en estos sectores.

Pero si la insostenibilidad socioeconómica en un escenario de cambio global de las políticas del Gobierno está bastante clara, mucho más lo está su insostenibilidad ambiental. Empezando por la propia reducción de los recursos destinados a las materias más directamente relacionadas con el medio ambiente, que sufren una reducción del orden del 21% (se sitúan por debajo de los 1.800 millones de euros) frente al recorte medio del orden del 17% aplicado a nivel ministerial (aunque el recorte aplicado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es mucho mayor, con el 31,2%, habiendo pasado de un presupuesto de unos 4.809 millones, en 2008, a los 1.932 millones de euros para 2012).

Estos recortes se unen a la fuerte disminución de las políticas de incidencia ambiental positiva producida desde 2008 y que viene a situar los presupuestos de incidencia más directamente ambiental en las cercanías del 2,7% del total presupuestario.Además, partidas como el apoyo al vehículo eléctrico (reducción del 88%) al desarrollo rural sostenible (reducción del 86%) o la supresión del extracoste de la generación de energía, son ejemplos particulares de esta política de reducción de medidas con incidencia ambiental potencialmente positiva.

Epígrafes como la prevención de la contaminación y el cambio climático (pérdida del 48%, pasando a representar un 0,08% del Presupuesto, con una cantidad total de 53 millones para 2012); o la protección y mejora del medio natural (pérdida del 16%, con 190 millones para 2012 y un 0,3% del Presupuesto global), donde se incluye la lucha contra la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas o la gestión de la Red de Parques Nacionales pasan a tener un carácter absolutamente marginal en las actuaciones del Gobierno (las partidas destinadas a gestión forestal y conservación de la biodiversidad no aparecen específicamente y quedan subsumidas en capítulos más amplios). Igualmente, la protección y mejora del medio ambiente registra una reducción del 38% afectando a las políticas de residuos, contaminación del suelo y del aire; y la reducción del 36% para actuaciones en la costa y del 25% para calidad de las aguas, ponen en entredicho la protección de elementos fundamentales del patrimonio territorial español.

Pero, con todo, el problema no es sólo de volumen de recursos, ya que cuando no hay inversión disponible una buena gestión puede paliar parcialmente aspectos no subsanables cuando no se puede disponer de recursos de inversión. Pero esa buena gestión exige la definición de políticas y de medios humanos que permitan su adecuado desarrollo. Y, desgraciadamente, también en estos aspectos la regresión está siendo preocupante como estamos viendo en los diversos artículos publicados dentro de esta sección de Políticas de la Tierra. De hecho, ya en ellos se ha constatado la intención manifiesta de volver a las andadas en materia inmobiliaria, pese al altísimo coste que las sucesivas burbujas inmobiliarias han tenido y tienen en la actualidad sobre la sociedad española. 

En la misma línea de preocupación incide el que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente haya anunciado, en su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado, la inmediata aprobación de un Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente que modificará cuatro de las leyes más relevantes en la materia, como son las de agua, calidad y evaluación ambiental, patrimonio natural y residuos. Y, al margen del incumplimiento de los aspectos formales de información y participación de los organismos e instituciones implicadas, la preocupación se centra en los objetivos y contenidos de este Real Decreto cuya urgencia se nos escapa, pero que vuelve a mostrar una forma de actuar tremendamente pródiga, con la excusa de la crisis, por parte del Gobierno actual.

En la Ley de Aguas, el objetivo teórico será reforzar las competencias del estado en esta materia y mejorarla coordinación entre la Dirección General del Agua y las Confederaciones Hidrográficas, cambiando el sistema para el nombramiento de presidentes de las Confederaciones,y modificando el importe de sanciones por infracciones a la Ley de Aguas y los criterios para lavaloración de daños. También se "revisará" el Plan Especial del Alto Guadiana con "nuevas fórmulas para la cesiónde derechos de agua entre particulares, dada la situación de sequía", para reducir las extracciones del gran acuífero del Alto Guadiana, donde se encuentran el ParqueNacional de Tablas de Daimiel o el humedal de Los Ojos del Guadiana, que han sufrido graves problemas por la sobre explotación del acuífero. Tras las sentencias del Constitucional, la reordenación de las competencias del Estado en materia de aguas no necesitan refuerzo, sino mejora en la gestión coordinada y en el desarrollo de los Organismos de Demarcación, aprobación de los Planes de Demarcación Hidrográfica y aplicación de los Planes (Sequía, Saneamiento y Depuración,…) aprobados en la legislatura 2004-2008, y relativamente hibernados en la legislatura 2008-2011. Las transformaciones previstas para los Presidentes de las Confederaciones no van a ayudar a esa gestión coordinada y sí tienden a favorecer a los usuarios agrarios del agua frente a los objetivos de la Directiva Marco del Agua (nuevamente economicismo frente a sostenibilidad). Y, con respecto al Plan Especial del Alto Guadiana es evidente que hace falta una reformulación del mismo en términos económicos, pero debería enfocarse en el marco del Consorcio y de los instrumentos de gestión participativa establecidos. La recuperación del acuífero debe mucho a la fase de lluvias registradas desde 2008, pero también a la adquisición de terrenos para el Parque Nacional y la retirada de uso de los pozos existentes en los mismos que sobreexplotaban el acuífero.

El Real Decreto también afectará a la Ley de Calidad y Evaluación Ambiental, teóricamente "para mejorar los procedimientos, tanto en lo relativo a la calidad de las resoluciones adoptadas, como en “la reducción de plazos para resolver", habiéndose iniciado los contactos con las Comunidades Autónomas, responsables de la tramitación ambiental de sus propios planes, programas y proyectos, "para coordinar criterios y procedimientos". Cada vez que se ha incidido en esta ley, o en su gestión, desde 2008, ha sido para reducir las garantías de una consideración de la sostenibilidad y de la restricción de producción de efectos ambientales negativos, con la excusa de aumentar la agilidad en la tramitación de las obras públicas o de la realización de actuaciones, con la correspondiente merma de las garantías en la información y participación de los afectados por las mismas. ¿Esta vez será distinto?

La tercera ley afectada por las medidas urgentes será la de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cuyo desarrollo también se ha visto fuertemente ralentizado en el período 2008-2011. Ahora, el ministro señala el objetivo de desarrollar el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a través de planes sectoriales, rompiendo la filosofía integrada y de conservación y puesta en valor de los servicios ambientales que incorporaba la Ley. Señalar que "el desarrollo de estos planes sectoriales se iniciará con el del Sector del Turismo, cuya finalización está prevista para 2013, y tendrá como objetivo la integración de la conservación de la biodiversidad y el desarrollo del turismo", no hace sino aumentar los temores de un cambio radical en la filosofía y objetivos de la ley. Nuevamente el patrimonio natural de los españoles se pone al servicio del economicismo sectorial, como muestra igualmente el objetivo de que “la pesca y la caza sean introducidos como mecanismos de gestión”.

Finalmente, la cuarta ley a la que afectará el Real Decreto es la Ley de Residuos sobre la que ha subrayado que hay que mejorarla para "simplificar y reducir las cargas administrativas a los operadores", ya que "su redacción ocasionaba ambigüedad e inseguridad". 

Si tenemos en cuenta que difícilmente estos cambios justifican un Real Decreto de Medidas urgentes (que podría tumbar un recurso de inconstitucional) y que afecta a competencias de las Comunidades Autónomas reconocidas por anteriores sentencias del Tribunal Constitucional, que seguramente recurrirán sus contenidos, el resultado va a ser que nuevamente se incrementa la inseguridad jurídica en materias de muy fuerte incidencia en la sostenibilidad del desarrollo y en la conservación y valoración de nuestro patrimonio territorial.Y ello por no hablar de los temidos cambios esperados en la Ley de Costas (a los que ya nos hemos referido en artículos anteriores y sobre la que necesariamente habremos de volver en sucesivos artículos) ya que el Ministro ha afirmado que, aunque se defenderán las competencias del Estado en la materia, en la prevista reforma de la Ley de 1988, se pretende promover el desarrollo económico de las zonas costeras y se buscará una solución a todos aquellos conflictos que se produzcan por construcciones anteriores a 1988.

Como síntesis, podemos afirmar que la estrategia del Gobierno parece clara, pero tremendamente peligrosa en sus objetivos y con un riesgo muy elevado de que, como en muchas otras áreas de actividad, el Gobierno actual anteponga el interés privado y la actividad económica a corto plazo al interés general; y ya no sólo en el avance hacia la sostenibilidad, sino en el propio concepto de desarrollo. Pretenden que los efectos de su política se manifiesten a corto plazo con la justificación de que hay que reducir el déficit público al 3% para 2013, tal y como ha impuesto la Unión Europea. Falacia que olvida que es el Consejo Europeo, del que forma parte el Presidente de Gobierno español, quien decide (y no la Comisión, que sólo gestiona las decisiones del Consejo avaladas por el Parlamento Europeo). Y que, en consecuencia, es en este marco donde hay que hacer valer otra política y plazos para el ajuste, el crecimiento y el desarrollo de la UE y de este país, combatiendo políticas que nos llevan a una situación sobre la que el alza de los partidos de extrema derecha es una potente señal de alarma. Y que es en un marco de otras políticas europeas de promoción del desarrollo, sobre la base de una economía baja en carbono y sostenible, en el que está la única salida viable al mantenimiento de un desarrollo sostenible para España.

Antonio Serrano